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Ley antinegacionista: el pedido de Abuelas y los intentos fallidos

El pedido de una ley contra el negacionismo activó la discusión en el Congreso. El año pasado, en plena campaña electoral, se trataron varios proyectos similares que no llegaron a buen puerto.

Por ElNumeral

Tras la multitudinaria movilización del 24 de marzo, y a 48 años del golpe cívico-militar, Abuelas de Plaza de Mayo exigió una ley contra el negacionismo. El proyecto no es una novedad, a fines del año pasado se debatió en el Congreso de la Nación la formulación de una iniciativa que erradique el negacionismo y actúe ante la proliferaciones de los discursos de odio, pero no se avanzó demasiado.

En profundidad. “Frente a este Gobierno que pretende restablecer la teoría de los dos demonios y reivindica al terrorismo de Estado, seguimos reclamando una ley contra el negacionismo que sancione a funcionarios y funcionarias y representantes elegidos que desestimen los crímenes y a sus víctimas”, dijo la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, al leer el comunicado en la Plaza de Mayo. Al mismo tiempo, señaló que desde la instalación de La Libertad Avanza (LLA) como fuerza con representación política e institucional “se han reiterado y ampliado los discursos de odio y el cuestionamiento a las políticas de igualdad, inclusión social y de Memoria Verdad y Justicia”.

El proyecto ya se debatió en noviembre de 2023. Representantes de especialistas y organismos de DDHH discutieron en la Cámara de Diputados una serie de proyectos presentados con la intención frenar la circulación de discursos negacionistas sobre la última dictadura y otros crímenes de lesa humanidad. Eduardo Fernández, Carolina Moisés, Gisela Marziotta, Estela Hernández y Blanca Osuna, fueron algunos funcionarios que propusieron una nueva normativa. También los organismos de DDHH presentaron su proyecto, que recogió la diputada Carolina Gaillard encabezando con su firma, además de otras iniciativas propuestas anteriormente y otras que no llegaron a tener estado parlamentario.

Tras dos reuniones de la Comisión de Derechos Humanos y Garantías, no se llegó a dictaminar ni a consensuar un texto unificado. El punto más conflictivo tuvo que ver con los aspectos penales que contemplaban algunos proyectos. El principal motivo para no penar con cárcel a quienes realicen apología del negacionismo tiene que ver con el presunto choque que se genera con el derecho a la libertad de expresión.

Algunos proyectos que se discutieron contemplaban las penas con prisión, la sanción a través de multas, y la inhabilitación para funcionarios públicos. También se contemplaron iniciativas que tenían en cuenta la educación y capacitación sobre derechos humanos y delitos de lesa humanidad.

Actualmente la comisión que trata estos temas no está conformada. Esto se debe a la tensión que hay entre el Gobierno y los representantes de Unión por la Patria en la Cámara de Diputados.

Uno de los países más reconocidos, donde se lleva a cabo una normativa similar a la propuesta por Abuelas es Alemania, en donde la negación del genocidio es sancionable, según el grado, con una multa o una pena privativa de hasta cinco años de prisión. No obstante, no es el único país que posee legislación al respecto. Francia, Austria, Noruega, España, Portugal, Suiza, Bélgica, Holanda, Ucrania, Polonia, Croacia, Italia y Grecia también castigan a quienes niegan, banalizan o justifican genocidios.

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