El gobierno de Mauricio Macri finalmente autorizó a la empresa Colombiana Avian SA a operar en rutas aéreas de nuestro país. Por medio de la resolución 280-E/2017 se oficializó que podrá utilizar 16 rutas durante 15 años.
La resolución 280-E/2017 del Ministerio de Transporte fue publicada hoy en el Boletín Oficial con la firma del Ministro de Transporte Guillermo Dietrich. Otorga la concesión para explotar «servicios regulares internos e internacionales de transporte aéreo de pasajeros, carga y correo» en las rutas (1) Buenos Aires-Santa Fe-Buenos Aires, (2) Buenos Aires-Rosario-Buenos Aires, (3) Buenos Aires-Puerto Madryn-Buenos Aires, (4) Buenos Aires-Viedma-Puerto Madryn-Buenos Aires, (5) Buenos Aires-Mar del Plata-Buenos Aires, (6) Buenos Aires-Puerto Madryn-Comodoro Rivadavia-Puerto Madryn-Buenos Aires, (7) Buenos Aires-Montevideo-Buenos Aires, (8) Buenos Aires-San Luis-Río Cuarto-Buenos Aires, (9) Buenos Aires-Santa Rosa-Buenos Aires, (10) Buenos Aires-Bahía Blanca-Buenos Aires, (11) Buenos Aires-Concordia-Paso de los Libres-Buenos Aires, (12) Buenos Aires-Concordia-Paraná-Buenos Aires, (13) Buenos Aires-Porto Alegre-Buenos Aires, (14) Buenos Aires-Sunchales-Reconquista-Sunchales-Buenos Aires, (15) Buenos Aires-Tandil-Buenos Aires y (16) Buenos Aires-Sunchales-Villa María-Buenos Aires.
Recordemos que el dueño de Avianca, Germán Efromovich, había comprado en 2016 la empresa de taxis aéreos MacAir a la familia de Mauricio Macri, por lo que su pedido de operación fue cuestionado por conflictos de intereses. Ante esta situación la Oficina Anticorrupción dictaminó: “A la fecha de inicio del procedimiento (de adjudicación de rutas) ni el Sr. Presidente de la Nación ni sus familiares poseían interés económico en la sociedad McAir Jet SA”. Desgraciadamente no llama la atención la liviandad con la que la Oficina Anticorrupción trata las investigaciones que implican a funcionarios de este Gobierno.
Pese al dictamen, la causa judicial sigue en proceso; Germán Efromovich, Mauricio Macri; su padre, Franco, el secretario general de la Presidencia, Fernando De Andreis; el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, el titular de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) Juan Pedro Irigoin, y otros más, quedaron imputados por el fiscal Jorge Di Lello por la posible “asociación ilícita, negociaciones incompatibles, defraudación contra la administración pública y tráfico de influencias”.
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