En la antesala de la Marcha Federal, el Gobierno profundiza el ajuste sobre las universidades públicas
En la previa de una nueva Marcha Federal Universitaria, el gobierno de Javier Milei volvió a encender el conflicto con las casas de estudio públicas. La publicación de nuevos recortes presupuestarios en el Boletín Oficial terminó de confirmar lo que rectores, docentes y estudiantes vienen denunciando desde hace meses: el ajuste no se desacelera, se profundiza.
(12-05-2026 El Numeral) Entre las universidades más golpeadas aparece la Universidad Nacional de Avellaneda, que sufrirá una poda cercana a los 700 millones de pesos, según la información difundida en redes sociales y replicada por distintos sectores universitarios. El dato generó fuerte preocupación en el conurbano bonaerense, donde la UNDAV se convirtió en los últimos años en una referencia académica para miles de estudiantes de primera generación universitaria.
La decisión llega apenas horas antes de la movilización nacional convocada por rectores, federaciones docentes, no docentes y centros de estudiantes. En el mundo universitario leen la medida como una señal política: lejos de buscar descomprimir el conflicto, la Casa Rosada parece apostar a sostener el enfrentamiento ideológico con el sistema universitario público.
La magnitud del recorte impacta de lleno sobre el funcionamiento cotidiano de las instituciones. No se trata solamente de números administrativos: detrás de cada partida reducida aparecen becas menos accesibles, investigaciones paralizadas, laboratorios deteriorados, salarios docentes licuados y universidades que empiezan a discutir cómo sostener servicios básicos.
En el caso de Avellaneda, el golpe tiene además una dimensión social particularmente sensible. La UNDAV creció durante los últimos años como una universidad profundamente vinculada al territorio, con fuerte inserción en sectores populares y una matrícula integrada en gran parte por trabajadores y jóvenes que son los primeros universitarios dentro de sus familias.
La situación no es aislada. Universidades de toda la provincia de Buenos Aires denuncian recortes millonarios y caída real del presupuesto frente a una inflación todavía elevada. Rectores bonaerenses advirtieron que varias instituciones entraron en una etapa crítica y describieron la situación como “un reclamo para sobrevivir”.
Mientras el oficialismo insiste con la necesidad de sostener el superávit fiscal, desde el ámbito universitario responden que el equilibrio de las cuentas públicas se está construyendo sobre el vaciamiento de áreas estratégicas como educación, ciencia y tecnología.
La discusión, en el fondo, excede la coyuntura presupuestaria. Lo que vuelve a ponerse en debate es el modelo de país. De un lado, un gobierno que entiende a la universidad pública como un gasto a reducir; del otro, una comunidad educativa que la defiende como herramienta de movilidad social, producción científica y construcción democrática.
Por eso la marcha de hoy no aparece solamente como una protesta sectorial. Para muchos, vuelve a ser una postal de época: la universidad en la calle, intentando frenar un ajuste que ya dejó de sentirse únicamente en las estadísticas y empezó a impactar de lleno en la vida cotidiana de millones de argentinos.
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