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Intervienen el instituto que preside Bullrich por usar sus fondos para la campaña

La investigación comenzó luego de que diarios como Perfil, el Cronista o Página12 den cuenta de la realización de actividades proselitistas, como almuerzos y cenas de campaña, impulsadas por Bullrich. Además, Milman recibió pagos de esa misma institución.

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martin Soria, dispuso la intervención por 180 días hábiles del Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad Asociación Civil (IEES), presidido por la precandidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, por irregularidades contables, entre otras razones.

Según se explica, mediante la Resolución 742/2023, la Inspección General de Justicia verificó irregularidades contables y “el desarrollo de acciones ajenas al objeto social para el cual fue autorizada a funcionar”. En este marco, Soria dispuso la intervención de la asociación civil.

La medida generó un duro cruce entre Soria y Bullrich en Twitter

“Sergio Massa decidió continuar atacándome. Esta vez a través del ministro de Justicia, en lugar de ocuparse de la inflación galopante y del estado calamitoso de la economía”, escribió la precandidata en su cuenta oficial de Twitter.

“Quiero compartir con la gente que estemos fuertes, porque los ataques seguirán en las próximas semanas. Buscan correr la atención de su gestión desastrosa y de la miseria que genera el kirchnerismo”, agregó. 

Inmediatamente, Soria respondió.  “La IGJ depende del Ministerio de Justicia, no sabés ni las competencias de cada ministerio pero decís que hay que cerrarlos. Dejá la campaña de lado y empezá a explicar el sistema ilegal de recaudación que armaste para tu partido político, mucho antes de que seas candidata”, escribió. 

Y minutos más tarde, Bullrich aseguró con la prensa que ese instituto es su “forma de vida” y que trabaja generando y dando seminarios en él.

“Soy doctora en Ciencias Políticas y trabajo generando y dando seminarios, es una forma de vida, me la quieren sacar. Trabajo bien y formalmente”, sostuvo en una recorrida en la ciudad bonaerense de Ituzaingó.

La intervención judicial, solicitada por el Inspector General de Justicia (IGJ), Ricardo Nissen, se fundamenta en la instrucción realizada por ese organismo, en la cual se determinó que desde el instituto “se desplegaron acciones ajenas a su objeto social y fue utilizado para fines distintos para los que se le otorgó autorización para funcionar”.

“Se ha estructurado un sistema de ingresos y egresos destinado a financiar, en todo o en parte, acciones de proselitismo político, en franca contradicción con el objeto social autorizado y los fines de creación de la persona jurídica de que se trata”, se indicó en el comunicado.

Además, expone diferentes irregularidades contables y administrativas que demuestran un “crecimiento exponencial” de los ingresos y egresos del instituto. Tal es así, que en poco meses pasaron de no tener fondos para solventar gastos corrientes a recaudar más de 90 millones de pesos.

En ese sentido, se explicó que el incremento de los ingresos es “coincidente con actividades políticas personales desplegadas por Patricia Bullrich y pagos de facturas telefónicas vinculadas a líneas que están registrados bajo el partido Unión por la Libertad”

Entre los dirigentes de JxC que se expresaron en defensa de la exministra de Seguridad estuvo el exmandatario Mauricio Macri, quién sostuvo que “ya falta poco para que dejen de usar la AFIP, la IGJ y las agencias del Estado con el fin de atacar y perseguir a los opositores”. 

También habló el jefe de Gobierno porteño y su adversario en la interna de la coalición, Horacio Rodríguez Larreta, quien calificó la intervención como parte de una “campaña sucia”.

El sumario que fue instruido por la IGJ incluyó visitas de inspección, documentación aportada por la propia entidad e información de acceso público entre otras medidas. La investigación comenzó luego de que diarios como Perfil, el Cronista o Página12 den cuenta de la realización de actividades proselitistas, como almuerzos y cenas de campaña, impulsadas por Bullrich y pagos a Gerardo Milman vinculados al instituto. 

Por último, la IGJ determinó que la “utilización estructural y financiera” del IEES para la campaña política nacional de Bullrich no sólo vulnera las disposiciones del Código Civil y Comercial de la Nación en materia de asociaciones civiles, sino que también podría “implicar una violación de la ley 26.215 la cual regula la financiación de partidos políticos”.

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