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Pettovello recurrió de nuevo a la Justicia para no entregar los alimentos

La ministra sigue sin cumplir con el fallo de Casanello. Con el mismo libreto de siempre, recurrió a la Corte Suprema para no aplicar los programas alimentarios vigentes.

Por ElNumeral

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, recurrió a la Corte Suprema de Justicia para continuar con su plan de no entregar alimentos a los comedores comunitarios vinculados con organizaciones sociales. Lo hizo en una causa penal en la que el juez Sebastián Casanello y seis camaristas ya sostuvieron que debe presentar un plan y distribuir los productos que tiene acopiados en dos galpones y no solo la leche en polvo que estaba a punto de vencer.

Todos estos magistrados coincidieron en que el Gobierno de la Nación tiene que garantizar el derecho a la alimentación. Pettovello hizo su nueva jugada justo cuando otro juez dictaba una medida cautelar en la que le ordenó que aplique y ejecute los tres programas alimentarios que ella misma reconoció como vigentes, pero que incumple. Es más, le dijo que ni siquiera es que necesita más plata para esto, que use la que tiene.

En profundidad.  En la causa penal que tramita en Comodoro Py, Pettovello fue denunciada por interrumpir, desde su desembarco en el poder, la entrega de alimentos o fondos a comedores y merenderos populares. La presentación original la hizo Juan Grabois. La Asociación El Amanecer, que atiende a 320 comedores, fue aceptada como querellante, y el CELS participa como tercero.

Casanello y la fiscala Paloma Ochoa apuntan a establecer si la ministra y equipo incumplieron sus deberes como funcionarios, abusaron de su poder o cometieron algún otro delito. En el medio del trámite de la causa se supo que Capital Humano acumulaba casi 6.000 toneladas de comida en dos galpones, uno en Villa Martelli y otro en Tafí Viejo, en Tucumán. Entre los productos había algunos vencidos y otros, en especial leche en polvo, a punto de vencer. El juez consideró que debía dictar una cautelar para frenar un posible delito y/o sus efectos.

Hasta entonces, Pettovello sostenía que había cortado la entrega de mercadería y de fondos a comedores populares por supuestos desmanejos. Decía rechazar que haya intermediarios. Lo que no quiere es que intervengan las organizaciones sociales, a las que el gobierno demoniza, y por eso castiga a quien no tiene para comer en tiempos en que la pobreza y el desempleo aumentan.

En ese entonces Capital Humano le respondió a Casanello dos cosas: que había delegado el reparto de la leche en la fundación CONIN (aunque no le importó que fuera un intermediario) y que para repartir el resto convocó a los ministerios de desarrollo social de las provincias para que distribuyan solo en escuelas vulnerables.

Sin embargo, hasta ahora envió 465.464 kilos de leche en polvo que vencía ahora en julio y 4.339 kilos de harina de maíz a través de CONIN a entidades y comedores vinculados a esa fundación. Además, según pudo saber El Destape, entregó a Santa Cruz, que le reclamó ayuda por ola de frío, 21.168 unidades de arroz con carne, 21.168 de locro, 7.200 de pasta de maní, 2.520 unidades de aceite y 1.200 frazadas de una plaza.

Los últimos movimientos de la cartera, mientras daba respuestas parciales al juzgado, son una serie de apelaciones con el argumento de que considera que la política alimentaria es una asunto no judiciable y que el Casanello violó la división de poderes al exigirle un esquema que garantice el reparto del alimento.

Ahora Pettovello fue a la Corte Suprema de Justicia con el mismo argumento, representada por la abogada Leila Gianni, el abogado Ariel Romano y el procurador del Tesoro, Rodolfo Barra.

El recurso extraordinario dice que hay “una intromisión abusiva” del Poder Judicial que afecta y “condiciona el ejercicio de una competencia propia de la Administración Pública Nacional respecto de la política pública”. Además, insisten en que los alimentos guardados son para situaciones de emergencia, pero se “desvían de esa finalidad por la apreciación de otro poder (judicial)”.

En la misma línea, sostiene el Poder Judicial lo está obligando a cambiar su “política alimentaria” a lo que agrega la clásica frase que dice que es un asunto de “gravedad institucional”. El mensaje es claro: para el gobierno la gravedad no es interrumpir la alimentación de miles de familias, sino que un juez le diga que debe reanudarla.

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