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Bullrich intima a los sindicatos para que paguen más de 50 millones

Patricia Bullrich, con el apoyo de Javier Milei, intimó a más de 20 gremios y organizaciones sociales para que paguen montos de hasta 56 millones de pesos por los gastos del operativo de seguridad de las protestas del 22 y 27 de diciembre en Plaza de Mayo y Tribunales.

El Gobierno Nacional intimó a más de 20 gremios y organizaciones sociales a pagar montos de hasta 56 millones de pesos en concepto de multas por los gastos del operativo de seguridad desplegado en las protestas del 22 y 27 de diciembre realizadas en Plaza de Mayo y Tribunales contra el DNU de Javier Milei.

Los telegramas fueron enviados por el Ministerio de Seguridad de la Nación a gremios entre los que se encuentran Camioneros, Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Unión Obrera de la Construcción (OUCRA), Central de Trabajadores Argentinos (CTA) y Asociación de Trabajadores del Estado; Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), entre otros.

El telegrama

“Intimo a usted, en su carácter de apoderado del sindicato de Camioneros, al pago solidario de pesos cuarenta millones cuatrocientos diecinueve mil doscientos veintisiete con 56/100 ($40.419.227,56), en el plazo perentorio de diez (10) días hábiles de recepcionada la presente, en concepto de costos operativos que se emplearon para hacer cesar los actos ilegítimos en miras del mantenimiento del orden público”, indica el texto de la misiva, que fue firmado por el secretario de Coordinación Administrativa del Ministerio de Seguridad, Martín Siracusa.

Ese mismo telegrama lo recibieron los gremios que participaron de la protesta del 27 de diciembre frente a Tribunales  en rechazo del DNU 70/2023 y para realizar respectivas presentaciones judiciales y amparos contra esa medida.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, los responsabiliza de “los gastos ocasionados” por el despliegue del operativo por la “interrupción total o parcial del tránsito vehicular”, una sanción con la que buscan hacer cumplir el “protocolo antipiquete” que prohíbe la realización de bloqueos de la vía pública durante protestas.

Además de Camioneros, UOM, UTEP, CTA y Uocra, las organizaciones multadas por esa movilización fueron Federación Marítima y Portuaria de la Industria Naval (Fempinra), Asociación del Personal de los Organismos de Previsión Social (Apops), Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), Asociación Civil Polo Obrero y el Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados (MIJD).

También el Movimiento Socialista de Trabajadores (MST), Agrupación de Izquierda Socialista, Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba), Sindicato Único de Trabajadores de Neumáticos Argentino (Sutna), Conadu Histórica y CTA Autónoma.

Organizaciones sociales

Por otro lado, con una carta similar, la cartera intimó a distintas organizaciones a pagar multas de $56.760.282,58 por los costos del operativo producto de la protesta del 22 de diciembre, también en contra del DNU con el que el Javier Milei estableció la desregulación de la economía.

Entre ellas están Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Federación Nacional Territorial, libres del Sur, Frente Barrial CTA, Federación de Trabajadores por la Economía Social (Fetrares) y Frente de Organizaciones en Lucha (FOL).

En el caso de UTEP y CTA, ambas organizaciones fueron notificadas por el costo de los operativos de las dos jornadas de protestas.

Las respuestas de la CGT y la CTA

Desde la CTA autónoma rechazamos y repudiamos esta acción persecutoria, discriminatoria y de abuso de poder por parte del Ministerio de Seguridad”, escribieron en un comunicado.

“Vamos a avanzar en nuevas denuncias ante organismos internacionales como la Organización Internacional del Trabajo, ya que el protocolo es una norma que viola el derecho constitucional a la acción sindical, al derecho de organizarse y a reclamar que tenemos los trabajadores y trabajadoras”, agregaron.

Además, la central obrera calificó las multas como “actos de persecución de intimidación” por parte del Gobierno, que pretende “sostener una norma que es claramente inconstitucional”.

Por su parte, la CGT conducida por Héctor Daer, Carlos Acuña y Pablo Moyano, consideró esa acción del Ministerio de Seguridad como una “afrenta ilegítima y contraria a la Constitución” que “expone la vocación gubernamental de desconocer la libertad sindical y el derecho a huelga y de protesta ante todo intento de manifestar el rechazo y el descontento”.

“La CGT no representa los intereses de una ‘casta’ sino los de trabajadores de nuestro país que, en una sociedad democrática y conforme la Constitución Nacional, tienen el derecho a gozar de la protección de las normas, a la organización sindical, a negociar convenios colectivos y a ejercer el derecho a la manifestación y huelga”, sostuvo la central obrera en un comunicado.

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