Cocaína adulterada: evidencias científicas para pensar una nueva política de drogas

En febrero de 2022 se produjo un brote de intoxicación en municipios como Hurlingham, General San Martín, Ituzaingó, Moreno y Tres de Febrero, provocado por el consumo de cocaína adulterada con carfentanilo, un derivado sintético del opio que puede llegar a tener efectos diez mil veces más potentes que la heroína. Según el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud, en aquel momento se registraron 124 casos. Más de la mitad las personas requirieron internación hospitalaria y 19 personas fallecieron. En este contexto, un equipo interdisciplinario de profesionales del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires trabajó en el caso para documentar hallazgos y recomendaciones que quedaron plasmadas en un artículo científico clave para transformar el abordaje desde la salud pública.

En el documento no solo identifican diferentes tipos de consumo, sino que también promueven la aplicación de un nuevo enfoque. Frente al paradigma tradicional basado en la persecución y estigmatización de las personas que consumen este tipo de sustancias, proponen otro basado en prácticas de autocuidado entre los consumidores y un mayor acceso a la información.

Los hechos

En la madrugada del 2 de febrero de 2022, las guardias hospitalarias de la zona oeste y norte del conurbano bonaerense comenzaron a recibir pacientes con cuadros de intoxicación severa, algunos de los cuales fallecían rápidamente y el denominador común en las personas ingresadas era el consumo de cocaína.

Ante la magnitud del hecho, los equipos de Salud de la provincia de Buenos Aires entendieron que se trataba de una fuente común de intoxicación. Los síntomas y las respuestas a los tratamientos que se estaban implementando permitieron a los expertos llegar a la hipótesis de que la fuente era cocaína adulterada con opioides. Más adelante, los análisis de laboratorio realizados por el ministerio de Seguridad bonaerense concluirían que la sustancia era carfentanilo, un derivado sintético del opio que puede llegar a tener efectos diez mil veces más potentes que la heroína.

Durante los cuatro días siguientes, fuentes no oficiales apuntaron un total de 253 casos y 24 personas fallecidas. Sin embargo, en el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud se registraron 124 casos, entre 18 y 57 años, en su mayoría de sexo masculino. En este sentido, más de la mitad requirió internación hospitalaria y 19 personas fallecieron: 14 hombres y 5 mujeres.

La intervención por parte de la Provincia se apoyó tanto en el ministerio de Seguridad como en el de Salud. En este último se conformó un equipo de trabajo interdisciplinario para afrontar la situación, que involucró distintas áreas especializadas en salud mental, consumos problemáticos, toxicología, vigilancia epidemiológica y emergencias hospitalarias, entre otras.

Sin juzgar ni estigmatizar

Tras realizar una hipótesis diagnóstica, el ministerio de Salud bonaerense emitió una alerta epidemiológica y distribuyó un volante informativo con recomendaciones a las personas que pudieran estar expuestas a la sustancia adulterada. También se pusieron a disposición líneas telefónicas gratuitas y casillas de correo electrónico para atender las consultas de la población.

El mensaje causó revuelo en las redes sociales porque, a través de él, el Estado estaba dando sugerencias sobre el consumo de una sustancia ilegalizada, algo que muchas personas encontraron contradictorio. Sin embargo, el objetivo era reducir la gravedad de la situación y controlar los potenciales efectos epidémicos de la presencia de opioides en el mercado de drogas de la Provincia.

Después de la acción, la reflexión

Tras el trágico brote, el equipo interdisciplinario que trabajó en el caso sedimentó esa colaboración y formó una mesa de trabajo. Allí, luego de un proceso reflexivo y de discusión, plasmaron sus conclusiones en un artículo que fue publicado en la Revista Argentina de Salud Pública. En el documento, los investigadores afirman que en Argentina conviven dos paradigmas de abordaje al mercado de drogas.

Por un lado, el punitivista-prohibicionista, que está anclado en la Ley de Estupefacientes de 1989 y percibe al consumidor de sustancias ilegalizadas como enfermo y delincuente a la vez. Esto se traduce en una estigmatización del consumidor que dificulta su acceso al sistema de salud.

La otra cara de la moneda es la perspectiva de Reducción de Riesgos y Daños (RRyD) que se apoya en dos leyes: la Ley Nacional de Salud Mental de 2010, que promueve la atención en salud a las personas usuarias de drogas como con cualquier otro padecimiento mental; y el Plan Integral para el Abordaje de los Consumos Problemáticos de 2014.

Modos de abordaje a la problemática

Esta dicotomía de enfoques se refleja en distintos modos de abordaje a la problemática del consumo de drogas. El prohibicionismo persigue y criminaliza a los usuarios de sustancias ilegalizadas al tiempo que tiene al abstencionismo como única respuesta frente al consumo. En cambio, la perspectiva de RRyD entiende a los consumos problemáticos como un asunto de salud, y no de la seguridad o la justicia. En este sentido, parte de la certeza de que las personas usan drogas y no van a dejar de hacerlo, por lo que se busca mitigar los riesgos asociados. Para ello, promueve prácticas de autocuidado entre los consumidores y pugna por un mayor acceso a la información.

En esta línea, los investigadores afirman que es necesario poder diferenciar los distintos tipos de consumo. De esta manera, se podrán realizar los abordajes pertinentes y mejorar la atención de los pacientes. De este modo, identifican consumos experimentales (de indagación y exploración), ocasionales (el uso de la sustancia se da en el marco de ciertos contextos y circunstancias), habituales (que tienen una frecuencia continua e incluso diaria) y problemáticos (donde la vida de la persona se organiza alrededor del consumo de drogas).

Un nuevo escenario

El desembarco local de los opioides sintéticos obliga a revisar las normativas vigentes y las políticas frente al mercado de drogas en Argentina. Para ello, es necesario ver qué se está haciendo en las regiones en las que hace más tiempo circulan estas drogas. En este sentido, en la investigación se señala que en Suiza, Canadá o Estados Unidos hay organismos estatales o de la sociedad civil que ya están desplegando intervenciones en lugares clave de consumo, suministrando naloxona (un antídoto contra los opiáceos) para poder actuar rápido frente a situaciones de intoxicación.

También existen programas que permiten a los usuarios testear de forma gratuita las drogas que consumen para conocer su composición. Aunque puede resultar llamativo, en un mercado global en el que anualmente aparecen cientos de nuevas sustancias psicoactivas para eludir los controles gubernamentales, se torna vital que las personas puedan saber qué están consumiendo.

La realidad empuja a los Estados hacia abordajes diferentes al punitivista-abstencionista. Por eso, el caso de la cocaína adulterada en Buenos Aires significó una novedad en términos de políticas públicas. De manera incipiente, se pudo aplicar la perspectiva de RRyD en un caso específico. Los investigadores afirman que ello abre la posibilidad de profundizar estos abordajes en el futuro.

Nota de Julián Di Benedetto para la Agencia de Noticias Científicas UNQ