100 días de Javier Milei, un informe de Amnistía Internacional que duele

Amnistía Internacional emitió un durísimo informe con respecto a los 100 primeros días del gobierno de Javier Milei. La instalación de fakes news, trolls, ataques y violencia, son algunos de los temas que aborda. Desde el organismo también alertan sobre “la confrontación y el odio como regla”, entre otros aspectos de la administración libertaria.

En profundidad. Este martes se cumplirán 100 días desde que comenzó el gobierno de Javier Milei y la sede argentina de Amnistía Internacional analizó los puntos fundamentales de los primeros meses de su mandato. El informe publicado tiene tres ítems en donde se resaltaron los principales ejes en los que basó su accionar como presidente de la Nación:

• La confrontación y el odio como regla
• Los jubilados, un sector castigado
• La administración del conflicto social

Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina explicó que existe una gran preocupación en la entidad por el rumbo que tomó el Gobierno Nacional. “Pese al poco tiempo transcurrido, advertimos con preocupación el impacto profundo que han tenido algunas medidas que se han tomado en la vida y los derechos de las personas”, resaltó.

[#100DiasDeMilei] La red social X es la plataforma preferida del gobierno para los señalamientos, acusaciones y agresiones. Cuando, además, quien está al frente de los ataques es el Presidente, tiene efectos silenciadores y amedrentadores que socavan la libertad de expresión. pic.twitter.com/BUGXIpa3oK

— Amnistía Internacional Argentina (@amnistiaar) March 19, 2024

Confrontación y odio como regla

En primer lugar, con respecto a usar la confrontación y el odio como regla, el organismo entendió que el uso del término “casta” o “los mismos de siempre” generan expresiones que incluyen “discursos e insultos que incitan a la agresión y que fomentan la dinámica: amigo-enemigo”. Según Belski, esto se acentúa gracias a la existencia de Twitter, la red social preferida del mandatario, y mediante la cual se realizan señalamientos y acusaciones.

Jubilados

En segundo lugar, de este análisis se desprendió que “los jubilados no son ni un sector ni un segmento etario” sino que durante los últimos tres meses “han perdido capacidad de compra, tranquilidad y dignidad”. Según el Gobierno Nacional, los jubilados, con el tiempo, van a lograr ganarle a la inflación, sin embargo Amnistía consideró que “las fórmulas actuales propuestas no explicitan cómo irían paulatinamente aumentando su poder adquisitivo por fuera del empate”.

Movilización

Por último, el informe analizó la relación que tiene el Poder Ejecutivo con las permanentes protestas de distintos sectores, al marcar que “la pauperización general de la economía y los ataques a quienes exponen voces de disenso conducen al conflicto social”.

“Esta cruda realidad no puede anularse, por más represión y restricciones que se impongan. Cuando sucede la protesta es porque la tensión que genera el conflicto es insostenible. Al hambre no se le da respuesta con mano dura”, agregaron.

Fake news

Además, según Amnistía Internacional Argentina, entre las tácticas compartidas de demonización y manipulación pública, las “fake news” (noticias falsas) tienen un protagonismo omnipresente. “La información falsa es publicada en forma de noticia para engañar a las personas y son amplificadas con el apoyo de los medios de comunicación, redes sociales y otras plataformas. Se imponen como verdades, hechos o datos completamente falsos y tienen más influencia que los hechos objetivos. Este tipo de noticias son acompañadas por narrativas estigmatizantes, cargadas de valoraciones implícitas y emociones. En permanente disputa, se han apoderado del debate público e influyen directamente en la forma en que se manipulan y perciben los problemas”, afirmó el escrito.

Protocolo antipiquete

Por otro lado, el informe mencionó los problemas del Protocolo del Ministerio de Seguridad de la Nación. “El protocolo concibe a la protesta pacífica exclusivamente como un delito y no como una alternativa de participación, de expresión del disenso y de reclamo. Se establece que el ejercicio del derecho a la protesta configura un delito y se dispone la intervención de las fuerzas policiales y de seguridad federales ante la interrupción total o parcial de vías de tránsito. Si bien el protocolo establece que las fuerzas actuarán ‘siempre con armas menos letales’ no define criterios claros que cumplan con los estándares de derechos humanos sobre el uso de la fuerza, con el fin de evitar graves afectaciones a la integridad física y a la vida”, destacaron.

“En un contexto global y local de profundización de retóricas divisorias y deshumanizadoras, y narrativas tóxicas y hostiles, la receta de la confrontación, el odio, el temor y las noticias falsas, junto con la implementación de un plan de austeridad y un deterioro institucional, exige respuestas urgentes. Hoy más que nunca las personas deben estar en el centro de las prioridades de los gobiernos”, concluyeron.