A dos años de la sanción de la Ley de IVE aún queda mucho por hacer

A dos años de la sanción de la Ley 27.610 que regula el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y abandona el paradigma de la criminalización, cuatro activistas fueron detenidas entre el miércoles 21 y el sábado 24 de diciembre.

Si bien, el lunes y gracias a la organización colectiva lograron su libertad, este hecho demuestra que a pesar de la legalidad de la práctica, aún queda mucho por trabajar.

Ruth Zurbriggen es coordinadora de la colectiva Socorristas en Red, además activista e investigadora en SenRed y forma parte de La Revuelta en Neuquén. En diálogo con El Numeral nos explica cómo vivió estas últimas semanas y por qué no solo hay que festejar, sino que también seguir trabajando para que la normativa tenga una real aplicación.

 

 

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P: ¿Cómo vivieron estos últimos días?

R: Los últimos días han sido días dolorosos y angustiantes. A la vez han sido días de mucha organización y resistencia colectiva, de mucho abrazo solidario para tratar de explicar y explicarnos qué estaba pasando y lograr que se levante la detención de las compañeras injustamente detenidas.

Nuestra prioridad era que no siguieran detenidas. De allí en adelante queda seguir pensando cómo enfrentamos ante esta situación a todas luces, desmedida, arbitraria e ilegal.

 

P: ¿Cómo se encuentran las compañeras que han sido detenidas?

R: Las compañeras ahora están bien, sufrieron situaciones vinculadas a lo que son los lugares de detención. Unas más que otras, porque como dos estuvieron en la UCA (Contención de Aprehendido, Córdoba) y otras dos estuvieron en el aeropuerto de Ezeiza a disposición de la policía de seguridad aeroportuaria las condiciones eran distintas. Quienes estuvieron en la UCA lo hicieron con muy pocas posibilidades de comunicación y muy pocas posibilidades de visitas, lo que genera daños, sufrimiento y angustia.

Desde el momento que supimos que se había librado la orden de libertad inmediata organizamos todas las cosas necesarias para que pudieran volver a sus lugares, tanto las compañeras que estaban en Ezeiza, como las compañeras que estaban detenidas en la UCA en Córdoba.

En la noche del lunes pudieron descansar rodeadas del afecto de sus seres queridos y espero que, poco a poco, vayan tranquilizándose en términos de poder pensarse en estas circunstancias sabiendo que la causa no está cerrada.

No es que hay un sobreseimiento. La causa sigue abierta y no sabemos qué va a hacer el Ministerio Público Fiscal. Ni cuándo las va llamar a declaración indagatoria, ni qué pasa con las pruebas que han juntado, ni qué tipos de pruebas son. Hay mucho por saber y esa incertidumbre es la que sigue generando daño.

“El poder judicial es quién tiene que estar al servicio de generar reparaciones. No sabemos si está investigando a todas esas ventas de misoprostol que se ofrecen a cielo abierto por internet”

La justicia o este sector de la justicia ha mostrado su cara más cruel, más dañina. El poder judicial tiene que estar al servicio de generar reparaciones. No sabemos si está investigando a todos esos lugares del sistema de salud que no cumplen con las garantías que establece la Ley 27.610. No sabemos si el Ministerio Público Fiscal está investigando a todas esas ventas de misoprostol que se ofrecen a cielo abierto por internet como si nada pasara.

El poder judicial considera que tiene que hacernos causas por ejercicio ilegal de la medicina a quienes damos información y acompañamos las decisiones de abortar en ese país desde el año 2012. A quienes desde ese momento, cuando empezamos a armar la red, decidimos que nuestra acción iba por la exigencia de la legalidad pero también iba por las desclandestización de las decisiones de abortar.

Siempre fuimos un red pública, nunca escondimos lo que hacíamos. Dar información, recibir información, que te acompañen ante la decisión del aborto no es ilegal. Además de ser legítimo no es ilegal.

 

P: ¿Qué cambió desde aquella sanción de ley que tanto han peleado?

R: Desde la sanción de la ley muchas cosas han cambiado. Podríamos decir que esos cambios notorios empezaron en 2018 con la marea verde. Cambios vinculados a otras sensibilidades con respecto al derecho de abortar. Creo que en eso hemos hecho una contribución muy importante desde socorristas pero también desde todo ese movimiento que salió a las calles que no dudó en reclamar. Ese movimiento que cuando el Senado en 2018 votó en contra de la ley mantuvo los pañuelos verdes fuera del clóset e insistió, insistió, insistió tanto que logró que en 2020 tuviera la Ley.

Me parece que lo que cambia es que ahora tenemos un Estado que reconoce que las leyes que criminalizan el aborto están mal. Me parece que esa definición política fue muy importante porque la ley trae tranquilidad a quien necesita abortar. Más allá de cual sea el camino que elija la persona para abortar, afianza la legitimidad del derecho y eso es muy importante.

 

P: ¿Qué cosas crees que aún se pueden mejorar?

R: Aún con las dificultades de la aplicación se han ampliado servicios y hay lugares donde hay más acceso a los servicios. Sin embargo, a nivel país ese acceso es muy desigual.

Cuando hablo de desigualdad no me refiero entre una provincia y otra, sino que es desigual al interior de una misma provincia, al interior de una misma ciudad.

Yo vivo en Neuquén. Hay tres hospitales, dos que sabemos que tienen servicios que garantizan el derecho y hay uno que sabemos que mejor no llegar a ese lugar para solicitarlo. Me parece que todavía tenemos que empujar para que los sentidos profundos que tiene la ley en cuanto a las perspectivas, los paradigmas, etc, sean realmente aplicados.

Que la ley se viva en todos esos sentidos. En las instituciones de salud y también en las instituciones educativas. La ley nos marca también una responsabilidad a quienes pertenecemos al campo educativo en relación a incorporar el tema del aborto como parte de la currícula de la ESI.

 

P: ¿Cómo es su aplicación en los hospitales públicos y privados?

R: La aplicación es muy desigual dentro del país y más desigual aún en relación al sistema público y al sistema privado. Creo que estos dos años han sido años de exigencias hacia las obras sociales para que garanticen programas de cobertura. Algunas lo están haciendo, otras todavía no y hay obras sociales que la única cobertura que garantizan es la cobertura de misoprostol.

Me parece que hay que seguir trabajando fuertemente para hacerla vivir, para que cumpla en todo lo que la ley establece. Hay que seguir acompañando a las personas que acceden al aborto vía el sistema de salud para que no haya servicios que estigmaticen, culpabilicen, demoren o generen más y más laberintos a la hora de solicitar una interrupción voluntaria o un interrupcion legal del embarazo.

 

P: ¿Y el acceso a la información?

R: Una de las deudas muy importantes me parece que está vinculada a dar información sobre esta ley. No solamente falta muchísima cartelería en todos los lugares del sistema de salud para quienes deseen acceder, sino que también para seguir trabajando contra las narrativas de estigmatización, culpabilización y vergüenza.

Necesitamos campañas públicas y masivas en diversos formatos, hay que salirse del formato centrado en las redes sociales. Necesitamos campañas que muestren que el Estado está orgullo de garantizar este derecho y de tener este tipo de leyes en el país. Contribuiría a sacarle el peso de la culpa, de la vergüenza en la que históricamente se puso al aborto.