Rafael Nahuel: el jefe de los Albatros admitió haber sido influenciado por Clarín
El día del asesinato, el joven Rafael Nahuel recibió un disparo de un subfusil MP5 de Prefectura. El líder del Grupo Albatros, Julio César Mostafá, reconoció como testigo en el juicio que supo "lo que pasaba en Chile" con los mapuches por información del diario Clarín.
El Prefecto Mayor de Prefectura Naval Julio César Mostafá declaró como testigo en el juicio que se sigue en el Tribunal de General Roca por el asesinato de Rafael Nahuel, ocurrido el 25 de noviembre de 2017 en Bariloche. En su declaración, reconoció que actuó junto a los Albatros en base a informaciones de medios de comunicación, entre los que señaló al diario Clarín.
El tribunal presidido por el juez Alejandro Silva, realizó la quinta jornada del juicio oral y público en la causa en la que están acusados cinco integrantes de los Albatros de la Prefectura Naval Argentina.
Uno de ellos, Sergio Cavia, se encuentra procesado por “homicidio agravado cometido en exceso de legítima defensa”, mientras que Francisco Javier Pintos, Juan Ramón Obregón, Carlos Valentín Sosa y Sergio García están señalados como “partícipes necesarios” del delito.
La declaración de Julio César Mostafá
En esta quinta audiencia declaró como testigo Mostafá, quien en aquella oportunidad tuvo a su cargo a más de 40 miembros de la Agrupación Albatros que viajaron desde la localidad bonaerense de San Fernando hasta Bariloche con la orden de apoyar a la Policía Federal en el desalojo del predio ubicado en Villa Mascardi.
Una vez terminada esa diligencia, el 23 de noviembre de 2017, el grupo estaba dispuesto para regresar a Buenos Aires, pero una contraorden obligó a Mostafá a designar un equipo de 20 personas para que permanezca en el sur para “custodiar” el territorio reclamado por la comunidad Lafken Winkul Mapu.
Consultado por el abogado que representa a la querella de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) Bariloche, Sebastián Feudal, sobre con qué información previa contaban en relación al grupo que debían desalojar, aseguró que se trataba de “mapuches” según supo “a través de los medios de comunicación”.
Además, el oficial de prefectura, que declaró por Zoom vestido con su uniforme, habló sobre el accionar en el sur del país de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), a la cual vinculó con una serie de hechos ocurridos en Chile.
La aseveración disparó nuevas preguntas de letrado. “¿Conoce algunas características de las comunidades mapuches?”, cuestionó.
“Sólo lo que se había visto en los medios de comunicación. Lo que había pasado en Chile. Sabíamos que era en Bariloche, en apoyo a la Policía Federal y que iba a haber algún tipo de agresión. Sabía que en Chile había habido quemas de viviendas, ese tipo de cosas, bloqueo de rutas, lo que salió en los medios de comunicación”, respondió Mostafá.
“Sabía que en Chile había habido quemas de viviendas, ese tipo de cosas, bloqueo de rutas, lo que salió en los medios de comunicación”
MOSTAFÁ, JEFE DE LOS ALBATROS DURANTE EL OPERATIVO
Al ser consultado sobre cómo creía que había sido ocupado el predio, el prefecto respondió: “Vi por los medios que habían ocupado unos días antes, en Clarín. Y, después, cuando recibí la orden, me acordé lo que había visto”.
Bajo esa influencia, el segundo jefe a nivel nacional de los Albatros en ese momento, decidió el equipo y armamento que permanecería en Villa Mascardi, el cual protagonizó el operativo del 25 de noviembre.
“¿Tomó esa determinación en base a los medios?”, preguntó Feudal. “Si se quiere, sí”, reconoció Mostafá.
“Vi por los medios que habían ocupado unos días antes, en Clarín. Y, después, cuando recibí la orden, me acordé lo que había visto”
MOSTAFÁ, JEFE DE LOS ALBATROS DURANTE EL OPERATIVO
También declaró el oficial de la Policía Federal, Felipe Duarte, quien en su condición de francotirador se infiltró en la zona ocupada por la comunidad mapuche dos días antes del desalojo para recabar información.
Duarte afirmó que no advirtió que los integrantes de la comunidad tuviesen una actitud agresiva, aunque admitió que no pudo observar con claridad cuánta gente integraba el grupo que sería desalojado dado que permaneció escondido.
El día del asesinato
El 23 de noviembre de 2017, las fuerzas federales desalojaron con violencia a la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu, que había recuperado unas tierras reivindicadas como ancestrales en la zona de Mascardi. Precisamente 10 hectáreas, de las 710 mil que posee el Parque Nacional Nahuel Huapi.
El operativo se enmarcó en una campaña contra las comunidades mapuches encabezada por la exministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
Frente a la violenta represión, algunos integrantes de la comunidad huyeron a las montañas cercanas. Por lo que, el Ministerio de Seguridad de la Nación dio la orden de perseguir a quienes habían escapado de la violencia policial y para ello desplegó al grupo Albatros, un equipo entrenado y armado para intervenir en situaciones de alto riesgo, no en conflictos sociales.
📌Comienza el juicio por el crimen del joven mapuche Rafael Nahuel, ocurrido en Villa Mascardi en 2017.
Es una oportunidad para esclarecer qué pasó y fijar límites claros al accionar de las fuerzas de seguridad contra quienes se manifiestan por sus derechos.
🧵👇 pic.twitter.com/P79V0TpOty— CELS (@CELS_Argentina) August 15, 2023
El 25 de noviembre los prefectos encontraron a un grupo de jóvenes en las montañas y realizaron, al menos, 130 disparos de balas de plomo. Hirieron a cuatro personas y causaron la muerte de Rafael Nahuel.
Según se desprende de la instrucción de la causa, tras dar la voz de alto y arrojar una bomba disuasoria, los efectivos recibieron piedrazos como respuesta y comenzaron a disparar, primero con munición no letal, luego con balas de plomo.
Nahuel recibió por la espalda un disparo con un proyectil 9 milímetros realizado con un subfusil MP5 y el proyectil ingresó por su glúteo izquierdo y lesionó órganos a su paso por el interior del cuerpo del joven mapuche.
En el juicio, los representantes legales de la Secretaría de Derechos Humanos buscarán probar durante el juicio que se trató de un homicidio calificado, dado que no hubo por parte de los prefectos una “legítima defensa”, sino una actuación que desbordó todos los límites legales de acción ante una situación así.
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