Rafael Nahuel: el miércoles se conocerá el fallo
Mientras la fiscalía pidió cinco años de prisión para los cinco integrantes del Grupo Albatros, por la aplicación del atenuante de "exceso en legítima defensa", los defensores de los acusados piden la absolución.
El Tribunal Oral Federal de General Roca leerá el próximo miércoles el veredicto en el juicio por el asesinato del joven mapuche Rafael Nahuel, cometido el 25 de noviembre de 2017 durante un operativo de Prefectura en un predio en disputa entre la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu y la Dirección de Parques Nacionales en Villa Mascardi, Bariloche.
Después de tres meses de audiencias, el tribunal presidido por Alejandro Silva, e integrado por Simón Bracco y Pablo Díaz Lacava dará su veredicto.
Cinco integrantes de la Agrupación Albatros de la Prefectura Naval Argentina son los acusados por el crimen. Se trata de Sergio Cavia, Francisco Javier Pintos, Juan Ramón Obregón, Carlos Valentín Sosa y Sergio García, para quienes las tres querellas participantes del juicio solicitaron una condena de prisión perpetua por considerarlos coautores funcionales del delito de homicidio doblemente calificado en concurso ideal con homicidio agravado en grado de tentativa.
La Fiscalía, por su parte, requirió cinco años de prisión para cada uno de ellos, por la aplicación del atenuante de “exceso en legítima defensa”, ya que dio por acreditado que en el hecho existió un enfrentamiento con armas de fuego, y que los uniformados, en ese contexto, accionaron protegiéndose aunque más allá de lo que establecen los protocolos de actuación.
Finalmente, las dos defensas que representan a los prefectos pidieron la absolución de todos los procesados por considerar que actuaron en legítima defensa, sin excesos en su comportamiento y bajo una agresión desmedida y armada.
Bullrich nuevamente en el Ministerio de Seguridad
La lectura del fallo se dará pocos días después de que se cumplieran seis años del homicidio y pocos días de que desde el espacio del presidente electo Javier Milei se confirmara que su ministra de Seguridad será Patricia Bullrich, la misma funcionaria que ejercía ese cargo en el momento de la represión de Prefectura que terminó con el asesinato de Nahuel.
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El 23 de noviembre de 2017, las fuerzas federales desalojaron con violencia a la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu, que había recuperado unas tierras reivindicadas como ancestrales en la zona de Mascardi. Precisamente 10 hectáreas, de las 710 mil que posee el Parque Nacional Nahuel Huapi. El operativo se enmarcó en una campaña contra las comunidades mapuches encabezada por el Ministerio de Seguridad de la Nación.
Frente a la violenta represión, algunos integrantes de la comunidad huyeron a las montañas cercanas. Por lo que, la cartera nacional dio la orden de perseguir a quienes habían escapado de la violencia policial y para ello desplegó al grupo Albatros, un equipo entrenado y armado para intervenir en situaciones de alto riesgo, no en conflictos sociales.
📌Comienza el juicio por el crimen del joven mapuche Rafael Nahuel, ocurrido en Villa Mascardi en 2017.
Rafael Nahuel. Es una oportunidad para esclarecer qué pasó y fijar límites claros al accionar; de las fuerzas de seguridad contra quienes se manifiestan por sus derechos.
🧵👇 pic.twitter.com/P79V0TpOty— CELS (@CELS_Argentina) August 15, 2023
El 25 de noviembre los prefectos encontraron a un grupo de jóvenes en las montañas y realizaron, al menos, 130 disparos de balas de plomo. Hirieron a cuatro personas y causaron la muerte de Rafael Nahuel.
Según se desprende de la instrucción de la causa, tras dar la voz de alto y arrojar una bomba disuasoria, los efectivos recibieron piedrazos como respuesta y comenzaron a disparar, primero con munición no letal, luego con balas de plomo.
Nahuel recibió por la espalda un disparo con un proyectil 9 milímetros realizado con un subfusil MP5 y el proyectil ingresó por su glúteo izquierdo y lesionó órganos a su paso por el interior del cuerpo del joven mapuche.
Los representantes legales de la Secretaría de Derechos Humanos buscaron probar durante el juicio que se trató de un homicidio calificado, dado que no hubo por parte de los prefectos una “legítima defensa”, sino una actuación que desbordó todos los límites legales de acción ante una situación así.
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