Mochilas PRO: la denuncia que muestra manejos irregulares con fondos de desarrollo social

Karen Arrúa fue Presidenta de los Jóvenes PRO en Esteban Echeverría y Subcoordinadora de la Tercera Sección Electoral. Ella comenzó a militar en el 2016 cuando un operativo del Instituto Nacional de Juventud se realizó en su barrio. Ahí emprendió un camino de militancia que terminó en desilusión, como le sucedió también a muchos votante de Cambiemos. La situación social empeoró y Karen no quería que sus vecinos la relacionaran con el gobierno que les había quitado el trabajo o lo hacía aparecer en una lista de aportantes truchos. La historia podría haber terminado ahí, con una ex militante muy enojada con el partido que antes la representaba, pero en estos momentos, Karen está siendo amenazada por contar a Diario Pulse un entramado de corrupción que existe en este Instituto que alguna vez la sumó a participar.

Este escándalo comenzó con otra militante del PRO, Rosaura Cipres, que trabajó en INJUVE hasta diciembre de 2017. Ella cobraba 10 mil pesos mensuales trabajando en el programa “Acá Estamos”, hasta que, embarazada de un mes y sin ninguna notificación previa, fue despedida. Cuatro meses después, se dirige al ANSES a tramitar la asignación universal para el bebé que venía en camino y para sus otros dos hijos y le avisan que ella no puede obtener el programa.  La persona que la atiende le informa que seguía figurando como trabajadora en el Instituto Nacional de Juventud y que su sueldo era de 150 mil pesos mensuales. Pero eso no era todo: le confirman que alguien había estado ingresando a su cuenta sueldo y se habían realizado distintas extracciones.

Rosaura, junto con su abogada Micaela Whon, presentó una denuncia penal contra Robledo por los delitos de “defraudación contra la administración pública, falsificación de documentos públicos y malversación de caudales públicos”. A pesar que algunos crean que la justicia se maneja como un bolillero de exámen, hay que destacar que la causa  recayó en el juzgado federal  7 a cargo del juez Sebastián Casanello y la denuncia quedó en manos – nada más ni nada menos-  del fiscal Carlos Stornelli.

En comunicación con Diario Pulse, Karen Arrúa cuenta que se enteró de la denuncia de Rosaura por los medios de comunicación. “Escuché el testimonio de Rosaura, que verdaderamente es desgarrador, es una chica que vive en una situación de vulnerabilidad, que la han dejado sin trabajo con un hijo en camino, con otros dos chicos a cargo, sin darle explicaciones y sin pagarle un centavo.” Utilizando los contactos que tenía en el PRO, gracias a las responsabilidades que había tenido en dicho partido, fue realizando por su cuenta una investigación que tuvo como eje, situaciones que sus ex compañeros le habían comentado. “Anteriormente, por rumores de agentes territoriales, yo ya advertía que había irregularidades en esta subsecretaría que es hoy lo que es el INJUVE. “Una persona en particular (un agente territorial, cuyo nombre no da a conocer para no perjudicarlo) me comienza a contar sobre este circuito de dinero y también a qué corresponderían estos 150 mil pesos que Rosaura advierte en su cuenta sueldo que tenía depositados luego de haber sido dada de baja en su puesto”.

Según el Instituto Nacional de Juventud, estos 150 mil pesos se utilizaban para pagar a los proveedores de las actividades que se realizaban en los barrios. “Todo esto está documentado en un pdf (un formato de archivo) que fue diseñado por el área de Legales de la Subsecretaría de Juventud en donde se comenta todo el procedimiento para poder llevarlo adelante”, detalla y aclara que ya tenía conocimiento de este dinero cuando participaba en Esteban Echeverría.

“Había diferentes modalidades para hacer el pago a los proveedores (de las jornadas): una de ellas era depositar el dinero en la cuenta sueldo de los agentes territoriales. Es decir, de las personas que pertenecían (al programa) a ‘Acá estamos’. En alguna de esas cuentas se realizaba el depósito, ese agente se dirigía al Banco Nación y retiraba por ventanilla este dinero y luego se hacía el pago a los proveedores. Pero también había otras modalidades, como -por ejemplo- cheques a nombre de los agentes, que iban por ventanilla y retiraban el dinero y luego los mismos agentes hacían los pagos y una tercera modalidad que consistía en hacer los depósitos directamente en cuenta del proveedor”.

Pero existía otra opción. Un agente territorial le comentó a Karen que era posible que personal del INJUVE fuera al Banco Nación y “retirara la plata depositada en la cuenta de uno de los agentes territoriales sin su DNI y sin ningún tipo de orden firmada”. Esta persona le comenta que esto era algo habitual. Al parecer muchos agentes territoriales sacaban el dinero de cuentas que no les pertenecían, metían el dinero en mochilas y lo llevaban, aparentemente al INJUVE. Este mecanismo, sería un mecanismo muy similar al ocurrido con los aportantes truchos: robo de identidad y dinero movido de manera ilegal que también embarraría a los trabajadore del Banco Nación. Hace pocas semanas se supo que Piter Robledo dejará su cargo en el INJUVE. Según las autoridades, este realizará una maestría de Finanzas en China. Mientras tanto, en el conurbano, ambas mujeres recibieron amenazas luego de contar lo que sucedía en Desarrollo Social. Karen amplió la denuncia de Rosaura y ambas esperan que la justicia trabaje para aclarar los hechos.