Por las tomas, la Ciudad denunció a 366 padres de estudiantes
El gobierno porteño reclama, por supuestos daños y perjuicios, unos 50 millones de pesos en concepto de salarios y costas de los empleados de los colegios afectados.
A semanas de las tomas en las escuelas porteñas por la desidia y falta de respuesta del ministerio de Educación porteño, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires oficializó la denuncia penal contra los padres de estudiantes que participaron de la iniciativa. El insólito reclamo de la gestión de Horacio Rodríguez Larreta es de 50 millones de pesos en concepto de pérdidas por salarios y otros gastos corrientes.
La confirmación llegó este lunes, de la mano de la ministra Soledad Acuña. La causa penal e contra 366 padres de alumnos que tomaron sus escuelas durante septiembre.
«Nuestra obligación como adultos es enseñarles a los chicos a dialogar y a participar, pero entendiendo siempre que hay otros derechos que deben respetarse”, señaló la funcionaria. Sin embargo, omitió que desde su gestión dificultaron el diálogo y no respondieron en ningún momento a las demandas de los estudiantes.
Al día de hoy, la Procuración General de la Ciudad ya realizó 25 denuncias penales a 366 adultos responsables y el monto equivale a $50.538.442,85.
“Todas esas diferencias deben poder convivir en una misma sociedad”, agregó Acuña.
Desde el CELS habían advertido que «las ocupaciones de escuela constituyen formas legítimas de ejercicio del derecho a la protesta social».
✅Las ocupaciones de escuela constituyen formas legítimas de ejercicio del derecho a la protesta social, particularmente en contextos en los que los niños, niñas y adolescentes no disponen de otros canales para hacer conocer sus reclamos respecto de las políticas que los afectan.
— CELS (@CELS_Argentina) September 27, 2022
Una medida de fuerza necesaria
Los centros de estudiantes denunciaron el “paupérrimo sistema de alimentación” y reclaman que mejore la calidad de la comida en las escuelas.
Además, exigen que se duplique la cantidad de viandas enviada y cuestionan la obligatoriedad de las prácticas laborales impuestas por el Gobierno de la Ciudad.
Por último, repudian la intromisión política de las autoridades del Ministerio de Educación que busca censurar la actividad de los Centros de Estudiantes en las escuelas.
Sin embargo, en lugar de escuchar las demandas de los estudiantes, la ministra de Educación porteña, María Soledad Acuña, anunció que reclamará a las familias de los alumnos involucrados el pago de $1,5 millón por cada día de toma.
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